Ante el creciente índice de delincuencia e impunidad, el gobierno mexicano, se fijo como meta revolucionar el sistema jurídico para tener una óptima impartición de justicia en diversas materias, pero, a lo que ocupa esta investigación es la materia penal, que vio su evolución concreta el 18 de junio del 2008, fecha en la que se publico el decreto que contiene las reformas a cierto número de artículos constitucionales, con relación a la estructura del proceso penal. Lo que es de vital importancia en dichas reformas es el cambio de sistemas, del antiguo sistema mixto basado en principios inquisitoriales con ciertos rasgos de oralidad a un sistema acusatorio, este ultimo virtualmente puro, sin embargo, a opinión propia aun se conservan varias costumbres del antiguo sistema, como el respaldo escrito en el desahogo de pruebas. Los motivos que incitaron a la reforma son la evolución en el modus operandi de la delincuencia organizada, la prolongación de los juicios y poca efectividad, la corrupción de las autoridades y el desarrollo económico del país, este último tienen sus antecedentes en un escrito expedido por el Honorable Congreso de la Unión, previo a la reforma, en donde se expresa que la inseguridad en nuestro país aleja a los inversionistas extranjeros debido a que estos no se arriesgarían a invertir en un país inseguro. Tuvo sus inicios en nuestro país en el año 2004 durante la gubernatura del ex presidente Vicente Fox, en los Estados de Monterey (lugar donde se llevo a cabo el primer juicio oral), Estado de México, Chihuahua y Oaxaca.Cabe mencionar finalmente que los estados, según los artículos transitorios, tienen hasta el 2016 para implementar en su codificación local la estructura prevista en los artículos reformados.
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